Opaca consulta ciudadana

Mario CASTELLANOS ALCAZAR
Vaya, que la consulta ciudadana aplicada como un test a la incipiente democracia de los mexicanos, el pasado uno de agosto del presente año, no resultó del todo complaciente a los fines de la Cuarta Transformación de México, la 4T, pese a que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “manifestara que fue un éxito y que estaba muy contento con la participación de los electores”.
Desde luego que hay diferentes contrastes, dependiendo de los conceptos ideológicos de los protagonistas políticos, desde el punto de vista de los conservadores y los populistas, cada uno con sus preceptos, en pro o en contra, de tal manera que la referida consulta popular, quedó solo, como un experimento que tiende a perfeccionarse en el futuro.
Así, lo que, para unos, fue un rotundo fracaso, para otros, fue una muestra perfecta de democracia participativa, según, los intereses políticos. Lo cierto es, que este acto, para muchos mexicanos es una novedad para acabar con la corrupción, pero para los conservadores fifís, fue un atentado contra la verdad y los derechos de la ciudadanía, manipulada con fines inconfesables.
Las contradicciones son tantas, que dejan mal sabor de boca en la práctica de la incipiente democracia, que esta vez, el pasado uno de agosto, no dio los resultados esperados, tomando en cuenta, que solo el 7 por ciento de la ciudadanía de la lista nominal del padrón electoral, salió a emitir su voto en favor o en contra del enjuiciamiento de los últimos cinco expresidentes de México.
Algo inédito, luego, de que la ciudadanía, no salió a votar en las mesas receptoras, instaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE), a las que deberían haber acudido el 40 por ciento de la lista nominal integrada por 93 millones 597 mil 559 ciudadanos.
Es decir, se requerían 37 millones de votantes en favor del sí, al enjuiciamiento a los expresidentes: Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI), Vicente Fox Quezada (PAN), Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), presuntamente acusados de traición a la patria, delitos de lesa humanidad, fraudes, corrupción, violencia, homicidios, actos de omisión, atentados e inmiscuidos con la delincuencia organizada y cómplices con los cárteles de la droga.
Y por supuesto, que, para ser vinculados a proceso penal, se requería eso, 37 millones de votos en favor para ser juzgados con las agravantes de la ley, pero resulta, que el resultado de la consulta ciudadana, solo arrojó, escasos, 7 millones de sufragios por el sí al enjuiciamiento.
Del número de votantes que participaron en la consulta ciudadana, los 7 millones de ciudadanos que acudieron a las mesas receptoras, de estos, el 97 por ciento sufragaron por el sí, y solo el 1.4 por el no, cifras, que vanagloriaron los morenistas y por el mismo gobierno mexicano.
Por supuesto, que el presidente, López Obrador, se mostró muy satisfecho con las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque, desde un principio, el gobierno, ya presentía una derrota y anticipadamente responsabilizó a esta institución, de no se demócrata y por consiguiente estaba en defensa de los expresidentes.
El Gobierno Mexicano había caído en contradicciones, al manifestar con antelación que no acudiría a votar, o bien, lo haría por el no, dejando la responsabilidad a los mexicanos, a los que incitó, hasta el último momento a que salieran a votar por el sí, en contra de los expresidentes, argumentado que haría lo que el pueblo manifestara.
Todo resultó una revuelta, desde que el gobierno de la 4T convocara a la consulta ciudadana, surgieron las discrepancias, incluso, con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cambiaron por completo el texto de la pregunta que el presidente de los mexicanos había propuesto.
Directa y sin cortapisas. “Estás de acuerdo a que se proceda en contra de los expresidentes por los abusos de poder en sus gobiernos, mencionando nombres y apellidos, a lo que la Corte corrigió: “Estas de acuerdo en emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, encaminado en garantizar la justicia a las víctimas de históricos casos de vulneraciones de los derechos humanos”
La pregunta resultó ambigua y confusa, que causó escepticismo a la ciudadanía, entre otras causas y aberraciones de los actores políticos en pro y en contra de la consabida consulta ciudadana, diferida a la conveniencia de los grupos políticos.
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