Por John M. Ackerman.*
Desde mucho antes del espectáculo mediático de esta semana en que durante un solo día tres diferentes personas fungieron como presidentes del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), la descomposición institucional de este alto tribunal era un secreto a voces. Desde hace años ha sido evidente que la mayoría de las resoluciones de los actuales magistrados electorales responden más a criterios políticos que jurídicos.
Algunos casos particularmente llamativos han sido, por ejemplo, la decisión dereglarle a Jaime Rodríguez Calderón la candidatura “independiente” a la Presidencia de la República en 2018 a pesar de que no había reunido suficientes apoyos ciudadanos (véase: https://bit.ly/3xHMIMF) y el aval a las elecciones sumamente fraudulentas para la gubernatura de Puebla en ese mismo año (véase: https://bit.ly/37v9YCS). La aberrante decisión de encargarle al Instituto Nacional Electoral (INE) el nombramiento del nuevo Presidente de Morena por medio de una encuesta abierta, también constituyó un escandaloso abuso de la ley a favor de intereses particulares (véase: https://bit.ly/2U2Er81).
Otras decisiones recientes sumamente cuestionables incluyen la cancelación de las candidaturas para gobernador de Raúl Morón en Michoacán y de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, así como el aval a la tramposa fórmula para el reparto de diputaciones plurinominales desarrollado por el INE con el fin de reducir ilegalmente la presencia del obradorismo en la Cámara de Diputados(véase: https://bit.ly/3itm6ua).
En lugar de dejarse guiar por el derecho y la justicia, el modus operandi para la mayoría de los magistrados electorales se ha reducido a seguir un frío cálculo político. Dependiendo del caso y las circunstancias específicas, siempre buscan quedar bien con uno u otro actor político del escenario nacional.
José Luis Vargas es quizás el magistrado más mercenario de todos. Antes rabiosamente a favor del PRIAN, y ahora frecuentemente afín a las posiciones de algunos sectores de la 4T, los criterios jurídicos que esgrime el ahora expresidente del TEPJF se contradicen con frecuencia.
Vargas ya tendría que estar fuera del TEPJF. En octubre de 2016 fue electo por el Senado para un periodo de tres años, de acuerdo con el artículo transitorio de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, de manera totalmente ilegal, la mayoría prianrdista del Senado realizó una modificación extemporánea del artículo transitorio y extendió cuatro años más el periodo de nombramiento de Vargas, y también del magistrado Indalfer Infante, hasta octubre de 2023. Esta modificación ilegítima también amplió dos años el mandato del nuevo Presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, que originalmente culminaba el próximo año, en 2022, pero ahora se extenderá hasta finales de 2024.
Más allá de la veracidad o no del escandaloso tuit de Rodríguez que fue exhibido durante la conferencia de prensa mañanera, no es ningún secreto que el nuevo líder del TEPJF se encuentra sumamente cercano al PAN. Estudió derecho en el ITAM, dirigió el programa de licenciatura en derecho del CIDE y trabajó en la Presidencia de la República con Felipe Calderón y Roberto Gil Zuarth.
Como Magistrado Electoral, tanto de la Sala Regional con sede en Monterrey como de la Sala Superior, ha favorecido sistemáticamente a los actores políticos de derecha. Por ejemplo, en el caso del partido México Libre, Rodríguez fue quien más litigó a favor de otorgarle el registro a este partido impulsado por Felipe Calderón y Margarita Zavala a pesar de las irregularidades financieras detectadas por el INE (véase su voto particular emitido dentro del juicio SUP-RAP-56-2020: https://bit.ly/3iwaqqz).
Así que el conflicto entre Vargas y Reyes no tiene relación alguna con principios o valores, sino que constituye una vil disputa por el poder dentro de una institución que aún no ha sido trastocado por los aires democráticos de la Cuarta Transformación. El TEPJF hoy cuenta con exactamente la misma integración que en 2016 y se mantiene fiel a las formas y los compromisos del viejo régimen.
Urge proceder con una reforma electoral de gran calado que atienda simultáneamente la grave crisis de legitimidad de las instituciones electorales y resuelva una serie de temas democráticos de fondo.
Tal y como ya hemos argumentado en estas mismas páginas (véase: https://bit.ly/3jyxNPz), la nueva reforma tendría que reducir drásticamente el financiamiento público para los partidos y las instituciones electorales,establecer una justa regulación de las campañas electorales en internet y empoderar a la ciudadanía en la vigilancia y el control de las instituciones electorales. La reforma también debería transformar la manera de nombrar los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF así como renovar totalmente sus miembros, para que estas instituciones puedan contar con la confianza y el apoyo ciudadano necesarios para su funcionamiento efectivo y eficaz.
Si no avanza pronto una nueva reforma electoral, la incipiente democracia mexicana estará en riesgo constante debido a la agresiva politización de la justicia electoral impulsada por los consejeros y magistrados actuales.
*Artículo publicado originalmente en La Jornada el 9 de agosto del 2021. Reproducido por en Linea Medios con autorización expresa del autor.
