Mario o Carlos Castellanos Alcázar es un periodista oaxaqueño reconocido por su teoría en conocimientos adquiridos desde hace 40 años, reportero de Diarios locales y corresponsal de Medios nacionales, autor de la columna “Arena Política” con título de la Secretaría de Educación Pública- SEP- Maestro de Educación Primaria, analista de temas políticos, económicos y sociales.
Parece incierto, pero de ser realidad, más vale tarde que nunca; resulta que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa quiere enmendar su relación con los periodistas oaxaqueños, tras los asesinatos y agresiones al gremio por fuerzas oscurantistas y retrogradas.
A 10 meses de terminar su gobierno promete al gremio enviar al poder legislativo una serie de reformas para crear la Ley de Protección y Defensa de los Periodistas Oaxaqueños, tras el asesinato reciente del periodista, Heber López Vásquez- y las protestas del gremio que se han generalizado para exigir justicia en contra de la delincuencia.
Además, anunció la creación de un fideicomiso de 10 millones de pesos para reparar los daños a los periodistas en caso de atentados, amenazas, robos y asaltos. Algo inédito, que no hizo desde el inicio de su gobierno, “hasta que le llegó el agua al cuello”, aunque le queda poco tiempo para cumplir sus promesas.
Todavía anuncia la creación de la Fiscalía de Atención de Delitos Contra los Periodistas. Todo esto causa expectación y mucho sacrificio al término de su gobierno cuando tuvo mucho tiempo, más de cinco años de su administración para enmendar su distanciamiento en materia de comunicación social a cargo de Francisco Vallejos Gil, importado de la capital del país, quien ha mantenido una estela de fobia en contra de los comunicadores, que le hizo flaco favor al mandatario.
Todo esto, porque en la entidad oaxaqueña, existe un clima de violencia en contra de los comunicadores, que según- la Organización Artículo 19, en los últimos 8 años, en Oaxaca han sido asesinados 11 periodistas, el último, fue Heber López Vásquez, el 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca.
Además, hay 300 agresiones y amenazas en contra del gremio periodístico en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, impunes. No hay procesados ni sentenciados ante la burocracia y falta de atención a los delitos en contra de los comunicadores.
Por tal motivo las manifestaciones y protestas de las organizaciones periodísticas de Oaxaca no se han hecho esperar para exigir justicia pronta y expedita en contra de los criminales de los comunicadores, entre estos, el último, que fue ultimado, Heber López Vásquez, en Salina Cruz, Oaxaca, con el resultado de 2 presuntos autores materiales, detenidos. Aún deben seguir las investigaciones.
Hay otro caso, el de la fotoperiodista, María del Sol Cruz Jarquín, quien fue ultimada en el proceso electoral del año 2018, sin resultados, ni aplicación de la justica, por deficiente investigación y pésima integración de las averiguaciones debido a la ineficiencia de los agentes del Ministerio Público.
Por cierto, fue hasta hoy cuando el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, despierta para anunciar protección a los periodistas, “después del niño ahogado”, pero, en fin, esperemos, que las promesas se hagan realidad- y no se trate de una llamarada para calmar los ánimos de los comunicadores, que no se trate de medidas llamativas, sino de procedimientos jurídicos e interpretaciones de la nueva Ley del Periodista, que está en veremos, por cierto, en tela de duda.
Esto porque se avecinan tiempos difíciles en la entidad oaxaqueña, ante ola de violencia que permea en las regiones del Estado, cuyo foco de descomposición social está en el Istmo de Tehuantepec, más en Juchitán de Zaragoza en donde, el mismo gobernador reconoce la presencia de la delincuencia organizada en esta región.
Murat, recientemente, en un acto político electoral priista soltó, que, en el cabildo de Juchitán de Zaragoza, hay elementos infiltrados en el crimen organizado, situación muy delicada, que despertó suspicacias en la autoridad municipal, que luego, pidió que el gobernante pidiera una disculpa pública y lo declararon persona no grata en ese municipio.
Desde luego, que esto hizo reflexionar al gobierno de Oaxaca, que de inmediato reparó, aludiendo, que no solo es Juchitán, sino en la región, en donde la violencia se ha recrudecido, por lo que anunció que próximamente habrá una reunión de su gobierno con las autoridades municipales del Istmo de Tehuantepec para analizar el incremento de los homicidios y demás actos delictivos para tomar estrategias conjuntamente con el Gobierno Federal con el fin apagar el fuego de la fatal violencia.
Violencia que tiende a recrudecerse en este proceso electoral de la elección del nuevo gobernador de Oaxaca para el 5 de junio del año 2022 y por supuesto, en las elecciones municipales del 6 de marzo, en 5 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, que se cancelaron en junio del 2021, por actos de violencia, robo y quema de casillas, así, como enfrentamientos con pérdidas de vidas.
Estos son los municipios en proceso de elecciones: Reforma de Pineda, Xadani, Mixtequilla, La Ollaga y Chahuites, en plena efervescencia política electoral. El Gobierno Estatal hace plegarias para que no estallen nuevamente.
carloscastellanos52@hotmail.com
